El ministro confía en que el máximo tribunal convalide la suba de la tarifa de gas. Sumó el apoyo de ex secretarios de Energía, que convencerán los gobernadores de firmar un pacto energético. Discusiones en la Corte.El ministro de Energía, Juan José Aranguren, advirtió que si la Corte Suprema no convalida el jueves el tarifazo del gas, seguirá vigente la política de subsidios que rigió durante el kirchnerismo y "los pobres van a seguir pagando la energía a los más ricos".

Aranguren volvió a defender los aumentos y enumeró los alcances de la tarifa social. Según el Gobierno, 3,8 millones de hogares están alcanzados por la tarifa social de electricidad y 1,55 millones de casas, por la de gas. Además, otros 2,65 millones de hogares sin acceso al gas de red obtienen subsidios para comprar garrafas. Estos son los números que el ministro le presentará a los diputados el martes, cuando participe de un plenario de comisiones.

El ministro confirmó que, por el momento, no se realizará la "audiencia informativa" que había anunciado a comienzos de esta semana y que el Ejecutivo se juega todo al máximo tribunal. "Esperamos que a partir de la intervención de la Corte Suprema de Justicia tengamos respuesta la próxima semana" sobre la tarifa de gas, afirmó Aranguren.

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LA CORTE

El jueves, la Corte debe definir la constitucionalidad del tarifazo del gas, frenado en la Justicia por la falta de audiencias públicas para los segmentos de transporte y distribución. Según el Gobierno, esas audiencias se realizaron hace más de 10 años y nunca se implementaron, y en octubre se realizarán nuevas audiencias públicas para realizar una Revisión Tarifaria Integral (RTI) de todo el servicio, demorada desde hace una década.

Fuentes tribunalicias afirmaron a TN.com.ar que la Corte no tiene todavía una decisión tomada. Dos ministros del tribunal, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, fueron convencionales constituyentes en 1994. En esa reforma, se incorporó a la Constitución Nacional una mayor protección a los derechos de los usuarios de la cual emana la obligatoriedad de realizar audiencias públicas para fijar los precios de los servicios públicos.

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En ese sentido, en los pasillos de tribunales descuentan que la Corte ratificará que es potestad del Ejecutivo fijar el valor de la energía. La discusión pasa por la "mala praxis": la necesidad de la audiencia pública previa. La discusión entre los jueces pasaría por validar los aumentos retroactivos o exigir las nuevas audiencias. ¿Esperarán a Carlos Rosenkrantz, el ministro que se incorporará a la Corte a fin de mes, en caso de un empate? ¿Adelantará su jura el abogado?

El martes, los jueces de la Corte discutieron entre ellos sus posiciones sobre el caso ycada uno sabe lo que piensa el otro.

En conferencia de prensa, el ministro recibió el respaldo contundente a los tarifazos de luz y gas de un grupo de ex secretarios de Energía, que reclamaron una "solución política" al entuerto judicial en el que está metido el Gobierno.

"La situación era un cáncer y en un cáncer hay que proceder rápido", graficó el ex secretario de Energía Daniel Montamat.

"Esta coyuntura debe ser resuelta y cada argentino debe entender que tiene que pagar por los servicios de energía que consume lo que cuesta producirlos", afirmó Jorge Lapeña, otro ex secretario.

PACTO FEDERAL

Los ex secretarios de Energía se encargarán de convencer a los gobernadores de sumarse a un "acuerdo federal para salir de la crisis energética en la que estamos inmersos", dijo Aranguren. Este pacto buscará ir más allá de la coyuntura y fijar lineamientos estratégicos para la política energética de largo plazo, explicó el ministro.

"Se va a crear un consejo consultivo para lograr antes de fin de año este acuerdo político, social y económico entre los agentes de todo el país", anunció el Aranguren. El ex secretario Alieto Guadagni agregó que el objetivo será "cooperar para que haya un acuerdo federal con todos los gobernadores provinciales".

El acuerdo se basará en un documento de catorce puntos que todos los candidatos a presidente, excepto Daniel Scioli, firmaron antes de las elecciones. Uno de esos puntos, leyó Montamat dice que "precios y tarifas deberán retribuir los costos" y que "se reducirán subsidios no justificados socialmente".

La intención oficial es definir los parámetros de la política energética de recursos renovables y no renovables para el mediano y largo plazo.

Para eso, el Gobierno deberá superar definitivamente el tembladeral de las tarifas.