A la espera de una resolución por parte de la Corte Suprema, que debería expedirse la semana próxima, el Gobierno comenzó a buscar consensos políticos para moderar la polémica que despertaron los aumentos de tarifas. En esa línea, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, se reunió ayer con ex secretarios del área para conformar un "Consejo Consultivo" que permita concretar un "acuerdo federal" con partidos políticos y gobernadores en temas del sector energético.

"Queremos generar un consenso político a partir de un Acuerdo Federal para salir de la crisis energética", enfatizó el ministro Aranguren, quien además instó a pensar la energía como una "política de Estado".

Aranguren precisó que las audiencias públicas para analizar los cuadros tarifarios serán en octubre. De esa manera, puso en suspenso el llamado que había prometido hacer a principios de esta semana. Se estima que el Gobierno sólo tomará ese camino si hay una recomendación específica sobre ese tema desde el máximo tribunal.

Entre los integrantes del consejo consultivo están los ex secretarios de Energía, críticos del kirchnerismo en materia energética. Sus integrantes son Daniel Montamat y Emilio Apud (ahora directores en YPF), Jorge Lapeña (actual director en Enarsa), Alieto Guadagni, Julio César Aráoz, Alberto Devoto y Raúl Olocco. Esa combinación también incluye diversos colores políticos. Salvo Apud, que desde hace años trabaja en la Fundación Pensar, el think tank macrista, los demás pertenecen a la UCR, al peronismo o están cerca del Frente Renovador que conduce Sergio Massa.

Aranguren sostuvo que si la Corte no autoriza el nuevo cuadro tarifario dispuesto por el Gobierno para el servicio del gas, "los pobres seguirán subsidiando a los ricos como ocurrió en los últimos años".

Para el ministro, "pase lo que pase" con la decisión del máximo tribunal, "tarde o temprano hay que recuperar el costo económico de generar energía".

El funcionario también puntualizó que su ministerio, a través de los entes reguladores, instruyó "a las empresas para que no corten" el servicio, por lo que garantizó, sobre todo en lo que tiene que ver con el servicio eléctrico, que no habrá restricciones por falta de pago.

Con respecto del acuerdo federal, Aranguren señaló que esperaba lograrlo "antes de fin de año" y que la intención "es lograr condiciones para tener una política de Estado del sector energético", basada en los 14 puntos de un documento elaborado por los ex secretarios durante la campaña presidencial.

Sobre las críticas de los sectores de la oposición al aumento de las tarifas, Aranguren indicó que "tenemos el respaldo político del 52% que votó a Mauricio Macri" y puntualizó que el Gobierno instrumentó una tarifa social que "alcanza a 3,8 millones de hogares en el caso de la electricidad y que en el del gas a 1,5 millón de hogares a los que hay que sumar los 2,6 millones que reciben la garrafa social".

Los ex secretarios respaldaron la posición del Gobierno. Montamat, por caso, puntualizó que "las audiencias públicas no se podían hacer antes de octubre", mientras que Lapeña cuestionó a los candidatos que suscribieron el documento que ellos elaboraron y que ahora "muestran incongruencias respecto de lo que firmaron".

Por su parte, Olocco sostuvo: "Si un país no es federal en todos sus términos no tiene posibilidad de desarrollo y no puedo olvidarme que hasta 2015, los ciudadanos del interior éramos discriminados". Y Apud sostuvo que la Argentina "está bendecido por los recursos que tiene. Es decir, todos menos el recurso capital, por lo tanto necesitamos inversiones".

Por su parte, Devoto criticó que el gobierno anterior tuvo la posibilidad de "avanzar con las revisiones tarifarias", pero no lo hizo.