El ministro de Energía, Juan José Aranguren, convocó a ex secretarios del área para conformar un “Consejo Consultivo” para lograr un acuerdo federal a fin de año con los partidos políticos y los gobernadores y reforzó la presión para que la Corte Suprema respalde la suba de tarifas de gas.

Tras reunirse con los ex secretarios Daniel Montamat, Jorge Lapeña, Alieto Guadagni, Julio César Araoz, Emilio Apud y Alberto Devoto, el funcionario advirtió que si la Corte Suprema no autoriza el nuevo cuadro tarifario dispuesto por el Gobierno para el servicio del gas, “los pobres seguirán subsidiando a los ricos como ocurrió en los últimos años”.

Para el ministro, “pase lo que pase” con la decisión del máximo tribunal, “tarde o temprano hay que recuperar el costo económico de generar energía”. 
El funcionario también puntualizó que su Ministerio, a través de los entes reguladores, instruyó “a las empresas para que no corten” el servicio, por lo que garantizó, sobre todo en lo que tiene que ver con el servicio eléctrico, que “nadie va a cortarlo”.

Respecto del acuerdo federal, Aranguren señaló que esperaba lograrlo “antes de fin de año” y que la intención “es lograr condiciones para tener una política de Estado del sector energético”, basada en los 14 puntos de un documento elaborado por los ex secretarios dueante la campaña presidencial.

El ministro señaló que lo que se busca es “lograr un consenso político, un acuerdo federal para salir de la crisis energética, para tener energía disponible y, a la vez, mitigar el impacto climático".

Respecto de su participación el martes ante distintas comisiones de la Cámara de Diputados, Aranguren expresó que “vamos a explicar lo que hicimos y lo que vamos a hacer”, pero destacó que “a partir de la intervención de la Corte”, cuya determinación se espera para la semana que viene, “vamos a tener una respuesta sobre un tema crucial para saber cuál es la capacidad de las empresas para abastecer” tanto de gas como de electricidad.

Respecto de las audiencias públicas, señaló que se realizarán en octubre, pero comentó que la tarifa tiene dos componentes, “el costo y tarifa” y que “no existe en ningún lugar (de la Constitución o las leyes) el requerimiento de audiencia pública para determinar el costo del gas, que representa el 60 por ciento” del precio de la factura, mientras que “la tarifa (el valor del transporte) equivale al 21 por ciento y el resto es impuestos”.

Sobre las críticas de los sectores de la oposición al aumento de las tarifas, Aranguren indicó que“tenemos el respaldo político del 52 por ciento que votó a Mauricio Macri” y puntualizó que el Gobierno instrumentó una tarifa social que “alcanza a 3,8 millones de hogares en el caso de la electricidad y que en el del gas a 1,5 millón de hogares a los que hay que sumar los 2,6 millones que reciben la garrafa social”.

Los ex secretarios, en tanto respaldaron la posición del Gobierno, entre ellos Montamat puntualizó que “las audiencias públicas no se podían hacer antes de octubre”, mientras que Lapeña cuestionó a los candidatos que suscribieron el documento que ellos elaboraron y que ahora “muestran incongruencias respecto de lo que firmaron”.

Guadagni, en tanto, sostuvo que “en 2003, la Argentina tenía el doble de gas que ahora” y que “la crisis descapitalizó al sector”, mientras que Araoz expresó que “durante ocho año advertimos al gobierno anterior que íbamos a perder el autoabastecimiento energético” con las políticas que estaba llevando adelante.