Enero de 1991 marcó un cambio profundo en la vida pública de Tucumán. La intervención federal dispuesta por Carlos Menem coincidió con la puesta en marcha del programa económico que buscaba, entre otras metas, contener las secuelas de las hiperinflaciones que tumbaron al presidente Raúl Alfonsín y luego al riojano Erman González, ministro de Economía del gobierno peronista.
La designación de Domingo Cavallo en Economía puso fin al período de ensayo y error, como bautizó Marcos Novaro al lapso que incluyó las gestiones de Miguel Roig, Néstor Rapanelli y González. Observó entonces que al fracaso de las recetas económicas se sumaron las tensiones propias del peronismo, ante el viraje ideológico. Costaba aceptar la liquidación del Estado articulado por el PJ histórico.
De la Casa Rosada, no obstante, bajaban a las provincias pautas de ajuste en el gasto público. De esa época data la ley de Emergencia Económica, que en su artículo 44 fulminaba los enganches salariales. Por el artículo 45, se invitaba a los estados provinciales a adoptar un esquema similar. Al mismo tiempo, se consignó que las jurisdicciones que no aplicaran la ley dentro de 180 días de su vigencia, no recibirían ningún Aporte del Tesoro Nacional (ATN). Esto ocurrió en los primeros días de septiembre del 89.
Tucumán adherirá a las pautas nacionales sobre pautas laborales, enfatizó el gobernador José Domato el 8 de ese mes. Se avanzó lentamente en la tramitación legislativa de la decisión política con revisiones cruzadas de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Por esa razón, recién el 21 de enero de 1990, el Ejecutivo promulgó la ley que suspendía por 180 días el polémico régimen de retribuciones que había dividido a los gremios del sector público.
La aceleración
La herencia de Fernando Riera se había vuelto costosa para la administración de Domado. Se había optado por derivar la resolución del asunto a una comisión legislativa bicameral. Sin embargo, la crisis se aceleró en las esferas nacional y provincial.
La perspectiva electoral de 1991 preocupaba a la Casa Rosada. Tucumán ocupaba un lugar destacado en ese escenario complicado.
En enero se desbocó la inflación y Cavallo reemplazó a González en Economía. En ese contexto Menem decidió la intervención federal a la provincia.
El interventor federal, Julio César Aráoz, cuando asumió el 18 de enero, diagnosticó una intolerable situación de vacío jurídico y un cuadro de caos socioeconómico. Lo primero, como se sabe, lo corrigió con la publicación de la Constitución de 1990.
En sintonía con la estrategia menemista, Aráoz anunció que se proponía institucionalizar un régimen de emergencia económica. El perfil del Estado noventista lo delineó el mismo día en que tomó posesión de la Casa de Gobierno.
Así anunció: se suprimen las jubilaciones de privilegio y todo convenio de enganche salarial. De un solo golpe liquidó el pleito que había tensado a los gremios y a los poderes políticos entre 1989 y 90. Asimismo, prometió la denuncia y revisión de los convenios laborales en todo aquello que se oponga a la emergencia económica.
La ola privatista que reinaba en el país se trasuntó también en el mensaje fundacional de la nueva conducción del Ejecutivo. Así se planteó la privatización de los servicios y de las empresas públicas o de aquellas que estén bajo control estatal para facilitar el saneamiento económico financiero. Este enunciado se correspondía con la ley de Reforma del Estado que motorizó el desguace de la maquinaria estatal desde el arranque del gobierno menemista.
El panorama
Tucumán se parece a una empresa en convocatoria de acreedores, precisó Diego García, ministro de Economía de la intervención federal. El 22 de enero estimó lo adeudado por el Estado provincial en 500.000 millones de australes.
Con Cavallo sentado en el sillón de la cartera económica, el panorama se endureció. La Nación no está capacitada para asistir a la provincia y compensar los desfases que se están produciendo, explicó.
Finalmente, Aráoz presentó el 31 de enero la ley de Emergencia Económica y Administrativa, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1991. En ella, además de establecer mecanismos de privatización y concesión de servicios públicos, se prohíbe todo tipo de enganche de sueldos con toda decisión ajena al gobierno provincial.