El interventor federal Araóz delegó en el ministro Ronal Troncoso la tarea de hacer y deshacer en los juzgados de esta ciudad y de Concepción. Abundaron los reclamosLos nombres del Poder Judicial fueron puestos en comisión (decreto n° 5) de la intervención federal). Técnicamente significaba el cese de los acuerdos prestados por el Senado y el fin de la estabilidad de los magistrados designados en los gobiernos de Fernando Riera y José Domato. Consecuentemente, el interventor federal Julio César Araóz quedó habilitado para desplazar y nombrar jueces.

La disposición anunciada el 21 de enero de 1991 fue el corolario lógico del decreto por el que Carlos Menem intervino Tucumán.

Existía un grave conflicto entre los Poderes Legislativo y Judicial, que procuraba socavar sus respectivas potestades, advertía Araóz. Aludió, así, al tironeo que hubo por la Carta Magna del 90.

El cirujano
Una sensación de incertidumbre se apoderó de Tribunales. El malestar con el desempeño de miembros del fuero penal había gestado una corriente de opinión favorable a la intervención federal a la Justicia, en junio de 1988. La renuncia de los más cuestionados congeló esa iniciativa, .

Ronal Troncoso, ministro de Gobierno, actuó de cirujano del Poder Judicial.

Todos los jueces que no cumplieron con su tarea o que tengan causas, van a ser separados, pontificó.

La primera destitución afectó a la jueza del fuero comercial de la capital, Silvia Jozami de Castro, que rebatió luego los motivos de su salida.

Días después se produjeron más remociones.

La medida era necesaria para la reorganización de la Justicia, insistía Troncoso, entre ellas, sobresalía el caso de una jueza del fuero Correccional (Susana Díaz), que había pedido el enjuiciamiento de Domato, en una causa vinculada con la Constitución del 90. Esta ya regía en Tucumán, por decreto de la intervención federal.

Marchas y tropezones
Febrero llegó cargado de tensiones y roces entre el gobierno y distintos actores de la vida pública. Araóz designó vocales de la nueva Corte Suprema de Justicia a Ricardo Vergara (cordobés) y Fermín Edmundo Jiménez (tucumano), y ministro fiscal al cordobés Jorge Octavo Arias Cabral.

La puesta en funciones del ex diputado Miguel Mibelli como juez de Instrucción de la IV nominación, abrió una inesperada polémica. Ágil de reflejos, Rubén Chebaia -presidente del partido- negó el auspicio de la UCR para esa movida, mientras que el diputado nacional Alberto Germanó (FR) se quejó de las recientes designaciones. Había elogiado, sin embargo, los cambios efectuados hasta entonces. Mibelli, que renunció, aclaró que Troncoso lo propuso y que querían apartarlo de la investigación de la gestión de Domato.

Se sumaron a la Corte los cordobeses Vicente Muscará y José María Pérez Villa lobo, en calidad de vocales. Araóz, a todo esto, adicionó otro argumento a la polémica. Admitió que además del Colegio de Abogados, de la UCR y FR, había analizado las propuestas de jueces, con otros sectores, por igual.

El Colegio de Abogados en ningún caso fue consultado, le respondió la entidad en una solicitada que firmaron Ernesto Gastaminza y Ricardo Robinson. A su vez, el Círculo de Magistrados reclamó la vigencia del estado de derecho.

Néstor Varela, ex diputado peronista, juró el 15 de febrero como quinto vocal de la Corte, en tanto que Pérez Villalobo asumió la presidencia. Troncoso aseguró el 1 de marzo que había finalizado la reestructuración del Poder Judicial.

El balance
Oficialmente se confirmó que 26 magistrados, tres fiscales y un defensor oficial fueron removidos del Centro Judicial de la capital. En los tribunales de Concepción el proceso también caló hondo. La aseveración del ministro Troncoso acerca de la terminación de los movimientos en la Justicia no calmó el ambiente.