Consensos para recuperar la confianza y transformar en riqueza nuestro potencial Energético. Resumen Ejecutivo
La política energética de estos años ha descapitalizado al sector. La propia información oficial da cuenta del deterioro de las reservas de hidrocarburos y de la reducción de los márgenes de reservas con los que opera el sistema eléctrico.
A su vez, los estados contables y financieros de las compañías de transporte y distribución de gas y electricidad ponen de manifiesto la incapacidad de los prestadores de afrontar nuevas inversiones con la novedad de su inviabilidad operativa.
Es inocultable el apagón financiero de la industria eléctrica. Todo esto ha degradado los niveles de prestación de servicio aumentando los cortes tanto en frecuencia como en duración.
El deterioro de los activos energéticos en la última década ha disminuido la valuación del patrimonio neto del país, por montos que oscilan entre los 150.000 y los 300.000
millones de dólares según se estime la depredación de las reservas probadas por su valor bajo la tierra o por el costo de oportunidad de reponerlas vía importación.
El monto de esta reducción patrimonial es muy superior al del supuesto beneficio del desendeudamiento que se atribuye el gobierno (y que ignora los pasivos contingentes
que ha dejado en el camino).
La recapitalización de la industria energética argentina en toda su cadena de valor es un tema prioritario para reducir el impacto del déficit energético sobre las cuentas
externas (crecientes importaciones) y sobre las cuentas públicas (crecientes subsidios).
La confiabilidad del suministro energético también es clave para apuntalar nuevas inversiones productivas.
Los más calificados expertos de la Argentina que hemos convocado los Ex secretarios en un reciente seminario, subrayaron la necesidad de tomar consciencia de los montos de inversión que compromete el sector de energía en una estrategia de largo plazo tendiente a revertir la actual decadencia, de manera de poder recuperar, dentro de algunos años, el perdido autoabastecimiento.
El análisis que nos proporciona la visión de los especialistas del sector coloca las cifras de inversión total energía en miles de millones de dólares por año.
Los Ex Secretarios estimamos una inversión de alrededor de tres puntos del producto por año para energía; alrededor de 15.000 millones de dólares por año (petróleo,
derivados, gas y electricidad) para abastecer a una economía creciendo al 4/5% anual.
Es posible que nuestro cálculo sea conservador teniendo en cuenta las ingentes inversiones que compromete el desarrollo del potencial de recursos no convencionales.
Los montos de inversión total para recapitalizar el sector y recuperar el autoabastecimiento están más allá de cualquier posibilidad de financiamiento vía recursos públicos.
Demandan proporciones mayoritarias de recursos de inversión y financiamiento privado.
La escasez de recursos financieros para aumentar la inversión energética es una restricción seria atribuible a los desaciertos de política y gestión del kirchnerismo durante más de 9 años.
No hay ni habrá inversores o financistas dispuestos a asumir los riesgos que implica disponer de esos montos, mientras el sector siga regido por una política de intervención discrecional, y condicionado por normas, resoluciones, precios, tarifas, subsidios e instituciones al servicio de intereses y objetivos cortoplacistas.
Debemos recuperar la confianza del mundo hacia nuestro país, cada vez más deteriorada por las políticas vigentes, los recurrentes incumplimientos y los desaciertos en la gestión de las relaciones internacionales.
Si bien las medidas correctivas a implementar exceden al ámbito energético, dentro de este se impone un cambio drástico en la política vigente. Lo necesitan la nueva YPF
para conseguir socios estratégicos y financiar sus planes productivos y el 70% de las empresas petroleras restantes. También todos los otros actores de los distintos segmentos de la industria.
La política energética de largo plazo que los Ex Secretarios de Energía planteamos como iniciativa de Política de Estado para el sector, en un documento liminar de marzo
del 2009 (se puede consultar en www.exsecretarios.com.ar), proponía sentar bases consensuadas para reinstitucionalizar el sector, darle un plan estratégico de largo plazo,
y transitar una recomposición gradual de precios con una tarifa social. Buscábamos recuperar la confianza de los argentinos y de la comunidad internacional para volver a
tener una industria energética sustentable.
Los años transcurridos han confirmado nuestro diagnóstico de situación, diagnóstico que hasta el propio oficialismo reconoció implícitamente al manifestar su preocupación por el nivel de importaciones de combustibles y fundar la decisión de recuperar el control de YPF.
Los desafíos del presente energético nos llevan a insistir en una propuesta de política distinta, de la que también depende el desarrollo de recursos no convencionales de
magnitud, que nos transformaría, en algunos años, en un país relevante en el escenario petrolero regional e internacional.
Nos mueve la preocupación por un estado de situación que se agrava, y el interés de que el sector energético vuelva a apuntalar un proyecto de desarrollo económico y
social, con la producción nacional como protagonista.
Revertir la suspicacia de años no será tarea fácil. Tenemos recursos energéticos en cantidad y diversidad, hay liquidez en el mundo, pero no hay financiamiento para
proyectos argentinos.
Así como hemos depredado en los últimos 10 años activos energéticos, también hemos depredado a nivel país un capital intangible: la confianza.
Están en juego las inversiones y el financiamiento para que el sector energético vuelva a estar a la altura de sus potencialidades y sea una ventaja comparativa para atraer
inversiones en otros sectores.
Si no empezamos ya, el lucro cesante de la crisis energética será mucho mayor que el daño emergente que ya ha producido.
Nuestra convocatoria a las distintas fuerzas políticas para transformar esta propuesta en Política de Estado
DESARROLLO
1.- INTRODUCCIÓN
La política energética aplicada durante los últimos años por el gobierno nacional ha descapitalizado y desarticulado el funcionamiento del sector.
La información oficial suministrada en 2012 con motivo de la justificación gubernamental de la decisión de expropiar el 51 % de la empresa YPF – fundamentos
de la ley 26741 y del decreto de intervención de la compañía de abril de este año, además de la explicación del viceministro Axel Kiciloff según consta en la versión
taquigráfica en el Senado- , corrió el velo que se mantuvo durante todos estos años en torno al real estado de situación del sector energético argentino.
En efecto, 2012 ha sido un año de quiebre en lo que fue una práctica habitual oficial desde 2003 por parte del los funcionarios consistente en negar sistemáticamente la
existencia de los problemas a pesar de la evidencia; la utilización de argumentos técnicos insostenibles; la descalificación de todas las voces críticas y, muchas veces, el
ocultamiento y deformación de la información incluyendo la utilización de la mentira.
El reconocimiento informativo incluyó cuatro elementos importantes:
a) La admisión oficial de que las importaciones energéticas que en 2011 totalizaron los 9400 millones de US$ son insostenibles para la economía argentina;
b) La caída de las reservas de hidrocarburos ya no es disimulable;
c) La caída crónica de la producción de hidrocarburos ha sido admitida y es la que, al no poder seguir a la demanda en aumento, precipitó al país en la importación masiva y creciente de energía desde 2008 en adelante;
d) La rectificación del discurso oficial que se tradujo en el desplazamiento y desautorización de hecho y funcional de los responsables que habían venido gestionando el sector.
A su vez, los estados contables y financieros auditados de las compañías de transporte y distribución de gas y de electricidad prestadoras del servicio público ponen de
manifiesto la incapacidad de los prestadores de afrontar nuevas inversiones con la novedad de su inviabilidad operativa. Todo esto ha degradado los niveles de prestación
de servicio. Las estadísticas oficiales indican que en los últimos cuatro años han aumentado los cortes tanto en duración como en cantidad.
Finalmente, y no menos importante, es que se vive un clima de época signado por el miedo a expresarse. El gobierno no escucha y descalifica a quienes no coinciden con sus
políticas; y simultáneamente existe una práctica de silenciar críticas por parte de actores del mercado por temor a represalias4
2.- LOS PROBLEMAS CONCRETOS EN NOVIEMBRE DE 2012
Existen un conjunto de problemas concretos de índole estructural que deben ser removidos mediante una política gubernamental clara, duradera y consensuada. No
habrá recuperación energética sin una comprensión previa y clara de estos problemas.
2.1 LOS HIDROCARBUROS EN GENERAL
Las reservas comprobadas de hidrocarburos tuvieron una caída significativa entre 2003 y 2011; en el caso del petróleo la caída fue del 9,2 % y en el caso del gas natural la
disminución fue del 46 %; en este último caso es muy notable la descapitalización acelerada de nuestro país: la relación reservas/ producción (R/P) de gas natural pasó
de 47 años en 1981 a 7 años en 2011.
La caída de las reservas no es un hecho casual. Hubo en los últimos años una tendencia fuertemente declinante de la ejecución de pozos exploratorios que marca claramente la caída de la inversión de riesgo para incorporar nuevas reservas. En la década del 1980 se perforaron en promedio 101 pozos exploratorios por año. En la década del 1990, 83 pozos por año y finalmente en la década que comienza en el año 2000 sólo se perforaron 38 pozos exploratorios por año. Los números que denotan la caída de la
vocación por la inversión de riesgo son elocuentes.
Como resultado de lo anterior se produjo en nuestro país una disminución en la producción de petróleo y de gas natural en casi todas las cuencas y en casi todas las
empresas desde 2003 a 2011; la caída productiva continúa este año. Estamos entonces ante un fenómeno generalizado en la industria de los hidrocarburos en la Argentina
Un hecho que debe ser mencionado es que desde 2006, año en que se sanciona la ley Nº 26197 conocida como “ley corta”, las provincias asumieron el ejercicio pleno del
dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos en sus respectivos territorios. La ley, cumpliendo el mandato constitucional del artículo 124 de la CN, transfirió todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional en uso de sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por sus titulares.
Bajo el nuevo régimen legal de la “Ley Corta” se produjo un incremento notable de las adjudicaciones de áreas de exploración. Se adjudicaron 170 áreas; sin embargo 78 de
estas áreas fueron adjudicadas a nuevos actores sin experiencia petrolera que no cumplen con los compromisos contractuales. Es evidente que hubo a partir de 2006,
con la transferencia a las provincias del pleno ejercicio del dominio originario, una revitalización de la voluntad exploratoria que contrasta con la inacción previa del
gobierno nacional. Pero, al mismo tiempo, quedó en evidencia que la mayoría de las provincias no cuenta con equipos técnicos para controlar y supervisar las complejas
operaciones tecnológicas que están contenidas en las labores de exploración requeridas en una campaña exitosa.
Es entonces necesario que las autoridades concedentes corrijan este proceso distorsionado que nos lleva a la toma especulativa de áreas petroleras por parte de
grupos empresarios ajenos al sector y con fuertes lazos con el poder político.
2.2.- EL POTENCIAL DE LOS HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES, “SHALE OIL” Y “SHALE GAS”
En lo relativo a la posibilidad de poner en explotación yacimientos de hidrocarburos no convencionales, informes de expertos confiables sostienen que en la cuenca neuquina la existencia de recursos de hidrocarburos no convencionales ascendería a 340 TCF en la formación Vaca Muerta y 190 TCF en Los Molles; además habría buena
posibilidades también en Mendoza y en el Golfo de San Jorge.
Esto multiplicaría por 50 nuestras reservas comprobadas. Sin embargo, existe consenso que su explotación efectiva demandará ingentes recursos financieros y tecnológicos, además de un marco legal e institucional que hoy no está disponible en el país.
Un tema no menor es que el país no cuenta con un régimen legal específico para este tipo de explotaciones; las disposiciones de la ley 17319, de una gran laxitud, no se
adaptan para realizar la exploración y explotación de este tipo de yacimientos. Los permisos dados a empresas petroleras para realizar exploraciones en extensas áreas
que contienen este tipo de yacimientos no contienen, en general, compromisos de inversión concretos ni plazos precisos para ejecutar los trabajos exploratorios.
2.3.- EL SECTOR ELÉCTRICO
Existen problemas mayúsculos en el funcionamiento del sector eléctrico; estos problemas no son atendidos por el gobierno.
El manejo oficial de la cuestión tarifaría desde 2003 ha puesto a las empresas eléctricas al borde de la bancarrota y al gobierno al borde de la ilegalidad en la aplicación de la
legislación. Este es un hecho que causa enormes perturbaciones y cuyas consecuencias en la calidad del servicio futuro serán muy negativas. Es claro también que la cuestión tarifaria mal resuelta es responsable de la enorme masa de subsidios y transferencias presupuestarias que ocupan una parte cada vez mayor del Presupuesto nacional.
Es importante señalar que el atraso tarifario es un fenómeno indeseable que tiene antecedentes en nuestro país. En los últimos 60 años hubo 11 períodos en los cuales se
produjeron –por causas diversas- eventos de descensos tarifarios en las empresas públicas del sector eléctrico.
Sin embargo, debe destacarse que el actual es el más largo en duración dado que ya lleva 10 años y es el más profundo de todos: las tarifas apenas cubren el 30 % de los
costos de producción. Existe consenso entre los especialistas que recomponer el equilibrio tarifario en electricidad es necesario y factible, pero requerirá de decisiones
políticas racionales, debe ser de aplicación gradual y consumirá importantes recursos presupuestarios para afrontar la transición.
Es importante dejar en claro que el sector eléctrico argentino hoy está sometido a reglas contingentes; lo que queda de la legislación de los años 90 ya no es aplicable y no se ha generado una legislación que la reemplace.
La energía hidroeléctrica que en nuestro país llegó a ser la energía más utilizada; está desde hace 20 años en franco retroceso. Centrales como el Chocón y Planicie Banderita
en Neuquén o la Central Hidroeléctrica binacional de Santo Grande son verdaderos emblemas exitosos en la hidroelectricidad; hubo varios lustros de una Política de
Estado para desarrollar la hidroelectricidad, desde mediados de los 60 hasta fines de los años 80. Desde 1992 hasta 2012 se hicieron solo 1200 megavatios hidroeléctricos
nuevos; 10 % de los que se había hecho en los 20 años anteriores. A inicios de este siglo la hidroelectricidad aportaba más de la mitad de la producción de energía eléctrica, en la actualidad su aporte es de apenas la tercera parte. Esto pone de manifiesto la ausencia de mentalidad estratégica y de visión de largo plazo.
2.4.-SITUACIÓN POST ESTATIZACIÓN DEL 51% DEL CAPITAL ACCIONARIO DE YPF
En abril de 2012 el Gobierno nacional impulsó, y obtuvo rápidamente la aprobación parlamentaria mediante la sanción de la ley 26741 para expropiar por causa de utilidad
pública el 51% del capital accionario de la empresa YPF SA. La empresa estatizada fue sacada de la órbita de la auditoría de la AGN que constituye el organismo constitucional para la realización de la auditoría externa de las empresas en las que el estado tenga una participación mayoritaria.
Transcurridos ya casi 7 meses de la toma de la Compañía por parte del Estado argentino se verifica que:
a) El Estado Argentino no tasó todavía la compañía expropiada; y esto constituye una violación de la ley de Expropiaciones vigente;
b) El Estado Argentino no ofreció ningún pago por las acciones expropiadas de la compañía YPF. Esto está reñido con lo establecido por la propia Constitución Nacional;
c) La acción de la Empresa YPF se ha desplomado en los mercados bursátiles -argentino y extranjero- desde que el Estado Argentino mostró sus planes de apropiarse
de la empresa; ello indica que – hasta el momento- los inversores privados no creen en el gerenciamiento del Estado argentino para aumentar el valor de capitalización de la
empresa;
d) Las importaciones de energía en Argentina continúan en aumento con respecto a 2011 aún con una demanda energética estancada en muchos rubros;
e) El Decreto del PE Nº 1277/2012 que reglamenta la Ley de Expropiación Nº 26741 retrasa aún más las decisiones de inversión necesarias para revertir nuestra fuerte
decadencia.
Las cifras de sus balances muestran que el nivel actual de producción de YPF no evidencia ningún incremento sostenido. Los volúmenes de gas producidos en el
trimestre julio/setiembre de este año están un 1,7 por ciento por debajo del tercer trimestre del año pasado. Por su parte la producción de petróleo en igual periodo esta
un 0,6 por ciento por encima y la de GNL (gas natural licuado) un 8,4 % por debajo. En igual periodo las utilidades han caído un 51 por ciento. La YPF gestionada estatalmente, en lo que hace a la producción, poco difiere hasta ahora de la gestión de la YPF en la última década, particularmente a partir del ingreso en su capital accionario -con el inexplicable acuerdo del gobierno argentino- de una empresa australiana-española en el año 2008.
Es elocuente al respecto lo que ocurrió con la producción y las reservas de YPF a partir del momento en que se celebra, el día 21 de febrero del 2008, el acuerdo accionario
entre Repsol y el Grupo Petersen. Según los balances de YPF entre diciembre del 2007 y diciembre del 2011, caen todas las magnitudes productivas de la empresa líder, y, lo que fue más grave, caen fuertemente sus reservas de gas. Las caídas son las siguientes:
Producción de petróleo: (-) 17,0%
Producción de gas: (-) 37,5%
Reservas de petróleo: (-) 6,3%
Reservas de gas: (-) 35,5%
Estas cifras negativas son de una magnitud que debieron haber alertado a tiempo a las autoridades energéticas, ya que el significativo retroceso desde el 2008 era muy
evidente, especialmente en gas natural , justamente el insumo estratégico en nuestro país donde este hidrocarburo cubre nada menos que la mitad del consumo total de
energía.
Este retroceso de YPF está vinculado a la ya mencionada transferencia accionaria a favor del grupo australiano- español en el contexto de la política energética que se venía
desarrollando. Debe quedar claro que el Gobierno nacional dio su conformidad para que en definitiva se produjera una descapitalización de YPF que terminaría
empeorando cada vez mas las cosas.
En el Anexo Nº 1 de este Documento se hace un racconto del contenido de esos contratos no conocidos hasta ahora en nuestro país y cuya existencia fuera ocultada
por el Poder Ejecutivo tanto en los fundamentos de la ley de expropiación Nº 26741, como así también en los discursos de los funcionarios gubernamentales que tuvieron a
su cargo la fundamentación del proyecto de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados.
2.5.- EL PLAN DE LOS 100 DÍAS DE YPF
El presidente de YPF dio a conocer el día 30 de agosto el “Plan de los 100 días”, en un documento en el cual se presentan los datos de la evolución esperada de la producción y las inversiones en el quinquenio 2013-2017.
Estas proyecciones de producción requieren un importante nivel de inversiones para el quinquenio (2013/2017) que asciende a 37.200 millones de dólares (es decir 7440
millones por año). El Plan asume que la explotación de los proyectos denominados “shale” aportaran 4500 millones de dólares (12 por ciento del total), el financiamiento
con deuda por su parte cubrirá 6700 millones (el 18 por ciento), y el resto, o sean nada menos que 26.000 millones de dólares, serán aportados por la propia generación
interna de fondos por parte de YPF (70 por ciento del total).
Esto indica que se esta suponiendo un aporte propio de caja en el orden de los 5200 millones de dólares por año; este es un supuesto clave de este programa, ya que no
queda claro como con el nivel del año pasado de autogeneración de fondos por parte de la empresa, constituidos por las utilidades y las amortizaciones (apenas 2500 millones de dólares), pueda crearse una masa tan significativa de fondos para invertir.
Tengamos además en cuenta que las utilidades este año registran una sensible reducción con relación al año pasado según el balance de YPF al 30 de setiembre del de
2012.
En este escenario de máxima la producción de petróleo y gas crecería en el quinquenio 2013-2017 alrededor del 6 por ciento anual, es decir un 32 por ciento en el
quinquenio. Destaquemos que este Plan de los Cien Días también presenta otro escenario alternativo, pero en el cual la inversión se reduce sustancialmente en un
tercio, ya que apenas alcanza a 24.700 millones de dólares, o sea 12500 millones menos que en el escenario de “máxima”. En este escenario sin socio “shale”, todo el
financiamiento proviene de la autogeneración de fondos, bancos locales y también se 8 menciona a “instituciones gubernamentales”. Como en esta variante se reduce
drásticamente la inversión, también se reducen las proyecciones de incremento de la producción a apenas el 4 por ciento anual en el caso de petróleo y gas.
Queda claro entonces que con este moderado incremento, que apenas acompaña el crecimiento propio del consumo, no será fácil recuperar el autoabastecimiento
reduciendo las importaciones. Por esto es crucial para apuntar en el futuro a reducir las costosas importaciones de gas, gasoil, fuel-oil y GNL, fortalecer el proceso de
inversiones, particularmente en exploración, donde el interrogante sigue abierto.
Finalmente, destaquemos que en la pagina 2 de este documento difundido por YPF se expresa lo siguiente”…las estimaciones incluidas en este documento pueden no
ocurrir….YPF no se compromete a actualizar o revisar públicamente dichas estimaciones aun en el caso en que eventos o cambios futuros indiquen claramente que
las proyecciones o las situaciones contenidas expresa o implícitamente en dichas estimaciones no se concretaran”.
3.- LA PROPUESTA DE LOS EX SECRETARIOS
En el último Seminario organizado por el grupo de Ex Secretarios de Energía en la sede de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) el 16 de octubre
pasado, distintos paneles integrados por los más calificados expertos energéticos de la Argentina subrayaron la necesidad de tomar conciencia de los montos de inversión que requeriría el sector de energía en una estrategia de largo plazo tendiente a revertir la actual decadencia, de manera de poder recuperar, dentro de algunos años, el perdido autoabastecimiento; y, muy especialmente, de las dificultades que enfrentará el sector energético argentino para acceder a esa masa de recursos.
Existe consenso que nuestro país necesita una matriz energética menos dependiente de los hidrocarburos. Esto requiere invertir la tendencia actual hacia una mayor
dependencia de los hidrocarburos. La nueva matriz requiere un sector eléctrico con más generación hidráulica; eólica, solar y nuclear; y naturalmente una menor
participación de la energía termoeléctrica. Requiere también apostar a un nuevo paradigma; generación mediante energías no convencionales distribuida de mediana y
baja potencia.
Nuestro país tiene grandes posibilidades aún no desarrolladas para avanzar en el camino señalado. Existen en cartera 67 Proyectos Hidroeléctricos aún no desarrollados.
Estimamos que dentro de ese conjunto existe una cartera de proyectos prioritarios que podrían ser seleccionados de unos 4700 megavatios y que demandarán unos 15000
millones de US$ de inversión.
El desarrollo del potencial hidroeléctrico plantea la necesidad de crear una Agencia específica para el desarrollo de aprovechamientos hidráulicos que realice estudios de
preinversión; seleccione con criterios técnicos y económicos los proyectos prioritarios; promueva los usos múltiples de los aprovechamientos; y gestione y administre el
acervo técnico sobre las presas con una Base de Datos unificada.
En materia de hidrocarburos impulsamos una línea de consensos técnicos y políticos:
a) lograr el autoabastecimiento perdido en base a una mayor exploración en los hidrocarburos convencionales y la puesta en explotación de los hidrocarburos no
convencionales; b) crear un nuevo ordenamiento jurídico único para todo el territorio nacional respetando el dominio federal consagrado por la Reforma Constitucional; c)
reducir la concentración del mercado promoviendo la competencia en el mercado de combustibles; d) aumentar la capacidad de refinación; e) concebir la actividad
hidrocarburíferas como integrante de un Plan Estratégico de Energía a 25 años.
Es imprescindible que nuestro país alcance la condición de país confiable; asumiendo que la confianza esta cada vez más deteriorada por los innumerables desaciertos de la
gestión oficial. Si bien los cambios a implementar exceden al ámbito energético, dentro de este se impone un cambio drástico en la política sectorial. Lo necesitan la nueva YPF para conseguir socios estratégicos y financiar sus planes productivos y las empresas petroleras restantes que producen el 70 % de los hidrocarburos en nuestro país.
También todos los otros actores de los distintos segmentos de la industria.
Revertir la suspicacia de años no será tarea fácil. Hay liquidez en el mundo, pero no hay financiamiento para proyectos argentinos. Así como hemos depredado activos
energéticos, también hemos depredado un capital intangible: la confianza. Están en juego las inversiones y el financiamiento para que el sector energético vuelva a estar a la altura de sus potencialidades y sea una ventaja comparativa para atraer inversiones en otros sectores. Si no empezamos ya, el lucro cesante de la crisis energética será
mucho mayor que el daño emergente que ya ha producido.
En la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a 27 días del mes de noviembre de 2012.
Firmas:
Emilio APUD
Julio César ARAOZ
Enrique DEVOTO
Roberto ECHARTE
Alieto GUADAGNI
Jorge LAPEÑA
Daniel MONTAMAT
Raúl OLOCCO
ANEXO Nº 1
EL CONTRATO ENTRE REPSOL Y EL GRUPO AUSTRALIANO
Vale la pena en este contexto considerar los cambios en la composición accionaria de YPF que contribuyeron a esta decadencia productiva; el día 21 febrero del 2008 se
concreta en Madrid una operación por la cual un grupo español-australiano (pero formado por empresarios argentinos) le compra sin aportar dinero el 14,9 por ciento
de las acciones de YPF al accionista mayoritario, es decir Repsol. Esta inusual operación se financia totalmente por este accionista mayoritario y varios bancos, más
la generosa distribución de utilidades acumuladas anteriormente al ingreso del nuevo accionista.
El contrato celebrado dice que “El comprador es una sociedad española cuya actividad principal es la inversión, gestión y administración de valores, títulos, bonos y acciones “(cláusula II), es decir nada de hidrocarburos, además se expresa en la misma cláusula “El comprador esta íntegramente participada por Petersen Energía PTY Ltd., sociedad constituida de conformidad con las leyes de Australia”, es decir nada de “argentinización”, a pesar de la presentación entonces hecha ante la opinión pública.
El contrato es muy generoso con los accionistas, porque establece que “Las Partes acuerdan distribuir en forma de dividendo el 90 por ciento de las utilidades de la
compañía” (cláusula 7.3), además en la misma cláusula se decide adicionalmente “distribuir reservas de ganancias acumuladas hasta el 2007 por 850 millones de
dólares”, a fin de ayudar al comprador pagar por las acciones. YPF se convierte así en una empresa generosa en distribuir dividendos en efectivo entre sus accionistas. Se
registran entonces pagos en efectivo de dividendos muy altos en la industria petrolera mundial, ya que distribuir excesivamente dividendos conspira contra el esfuerzo
inversor, por eso el promedio de dividendos en efectivo en la actividad petrolera mundial es de apenas el 30/40 por ciento de las utilidades. En el año 2007 YPF había
distribuido dividendos en efectivo de apenas 6 pesos por acción, pero ya en el 2008 los dividendos en efectivo ascendieron a 23,61 pesos por acción (es decir cuatro veces mas).Es así como en el trienio 2008-2010 (con aprobación del director por el estado argentino) YPF distribuyo en efectivo nada menos que el 142 por ciento de sus
ganancias. En esos años las otras compañías petroleras distribuían apenas lo siguiente:
Total (38%), Chevron (31%), Exxon (25%), Shell (45%) y Petrobras (46 (%).
Es verdad que se trataba de un acuerdo privado de compra de acciones , pero el caso es que el contrato imponía una condición adicional (cláusula 5.1 “Condición
Resolutoria”)que establecía taxativamente que “La compraventa queda sujeta a la siguiente condición resolutoria: (i) la no obtención dentro del plazo de 12 meses desde
la fecha de este Contrato de la autorización a la compraventa por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya sea en forma expresa o en forma de un
reconocimiento por escrito, emitido por la Secretaria de Comercio Interior de Argentina…” Esto significa que el gobierno argentino no objeto este contrato, cuando
debió hacerlo si se hubiese preocupado por la evolución de la producción y convalidó expresamente así un contrato que apuntaba inexorablemente hacia el agotamiento de
las reservas, principalmente de gas. Además, recordemos que YPF era la única empresa petrolera donde el estado nacional tenía acciones y un miembro permanente en el
Directorio; el caso es que este Director, que debe seguir el mandato que le imparten las autoridades DEL GOBIERNO, voto siempre a favor de esta distribución excesiva de utilidades en efectivo de los balances del el 2007 hasta el año pasado, avalando así el debilitamiento del esfuerzo inversor de YPF.