Con duras críticas al proyecto oficial que busca modificar la Ley de hidrocarburos vigente, el grupo que conforman ocho ex secretarios de Energía que ejercieron el cargo entre 1983 y 2003 elaboró un documento que se opone a la reforma y que fue presentado ayer en conferencia de prensa.
Para los ex funcionarios, el debate que por estos días se encuentra relegado de la agenda nacional por el revés que sufrió el Gobierno de Cristina Kirchner en el litigio contra los holdouts, debería postergarse hasta el 2016. El trabajo de 7 páginas planteó que recién en ese año se daría el contexto apropiado para discutir una ley que necesita de consensos fuera de las urgencias que da el cambio de gobierno y que caracterizará lo que resta de 2014 y 2015 hasta las PASO. En esta línea, los especialistas proponen la creación de una nueva ley, diferente a la 17.319, a través de nueve puntos que plasmaron en el documento.
Si bien la discusión entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores petroleros quedó en un segundo plano, para Daniel Montamat, el ex secretario quien junto a Jorge Lapeña, Alieto Guadagni y Emilio Apud presentaron ayer la iniciativa, aún bajo el contexto de default que dificultaría aún más el ingreso de inversiones, es posible que se dé un pacto de intereses cortoplacista entre Nación y empresas que saldrían beneficiadas en contra de los intereses generales y provinciales. En los últimos días se había espiralizado la tensión entre la Nación y algunas de las diez provincias que conforman la Ofephi y que están en contra del proyecto oficial. Una fuerte señal del enfrentamiento se dio la semana pasada cuando cuatro de las más díscolas Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, quedaron afuera de la refinanciación de deudas que Cristina acordó con otros 13 estados provinciales. Sin embargo, ya esta semana hubo gestos de acercamiento entre el presidente de YPF, Miguel Galuccio, que encabeza la reforma, y algunos mandatarios petroleros. Incluso, según trascendió, habrá una reunión en los próximos días donde se podría plantear un nuevo borrador con mayores beneficios para las provincias.
En tanto, para los ex secretarios, el punto más crítico de la propuesta del Gobierno radica en el régimen y extensión de prórrogas discrecionales de las concesiones permitiendo así decisiones perjudiciales al interés público además de vulnerar 4 facultades derivadas del dominio originario que hoy corresponde a las provincias en su territorio. El proyecto que se intenta sancionar da a todos los titulares de áreas convencionales la opción exclusiva y sin licitación a solicitar una concesión no convencional por 35 años, cuestionó el grupo. Así, en los hechos en algunos casos se extenderían a 35 años a partir de 2027, lo cual llevaría los nuevos plazos al año 2062 sin necesidad de licitación o concurso alguno. Esto da a las empresas que actualmente son titulares de áreas que cuentan con recursos no convencionales el derecho de acceder en adjudicación directa y con compromisos de inversión aprobados de manera discrecional, a concesiones a perpetuidad, práctica que reincide en el capitalismo de amigos, advirtió Lapeña.
Fuente: http://m.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2014/08/05/noticia_0063.html#