Denuncia penal de Julio Cesar Araoz contra el Secretario de Derechos Humanos Martin Fresneda.
Julio Cesar Araoz-con el patrocinio del Dr. Mariano Cuneo Libarona y el Dr. Nicolás Garrido-presentó una denuncia penal en contra del Secretario de Derechos Humanos, Martin Fresneda por los delitos de “abuso de autoridad”, “violación de los Deberes de funcionario público” y “Administración Fraudulenta”(arts248/249/173 inc. 7mo,174 inc. 5 y 260 del Código Penal)
La misma recayó en el Juzgado Federal n°11 a cargo del Dr. Claudio Bonadío.
Aráozratificó la denuncia N°11.271/13, en donde expresa sus agravios a partir de “serias irregularidades ocurrida en la Secretaria de D.H. de la Nación en la aplicación de la Ley N°26.564; que regula una reparación económica a las personas-como en su caso-fueron detenidas y privadas de la libertad durante los regímenes militares que azotaron al país en las últimas décadas, en especial en lo que se refiere a la aplicación de los fondos del erario público”
Aráoz, siendo destinatario de los mismos por haber estado detenido y condenado por más de tres años y posteriormente amnistiado por la ley de Amnistía N° 20.508-recuperando su libertad desde Trelew-, se lo discrimina junto a numerosos presos políticos, al no ser adherente al actual gobierno y especialmente al grupo denominado” La Cámpora “que maneja dicha secretaria.
Por más de dos años, Aráoz viene solicitando la aplicación de los fondos; el monto y los nombres de los beneficiarios de las “políticas reparatorias”, ya que las mismas se manejan en mayor secreto y total discrecionalidad.
A pesar de tener legítimo derecho, se le niega constantemente la información, la cual se encuentra cuestionada en distintas publicaciones, pedido de informes de distintos Diputados Nacionales y Presos Políticos, que se ofrecen como prueba y que ,dicho monto, ascendería a la suma de más de mil millones de dólares,( según dichas publicaciones)
Araozsolicita al Juez, que investigue el accionar de dicha Secretaria en la aplicación de los fondos; la legitimidad de los destinatarios; las formas de pago; los montos asignados; los expedientes demorados, y el suyo en particular.
La prueba habla de destinatarios dudosos, distintos montos según el destinatario, formas de pagos discrecionales, y mora en la resolución de los expedientes que no tienen el aval de ciertas organizaciones políticas.
Araoz, solicita además, la verificación de lo ocurrido; la tipicidad de las conductas imputadas; la culpabilidad de los autores y la obligación de hacer pública toda la información en el manejo discrecional de fondos públicos.