Las demoras en la aprobación de una nueva ley que tipifique y castigue el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas generó una controversia iniciada por el secretario de la lucha contra las drogas, Julio César Aráoz, quien denunció la existencia de lobbies que pretenden frenar la iniciativa.

"Se está haciendo lobby para que no salga la ley", disparó el funcionario en una entrevista concedida a la agencia de noticias DyN y encendió la mecha de la discusión.

Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Drogadicción, el diputado peronista Carlos Alvarez, disintió con el funcionario.

"Desconozco que exista esa campaña, no me consta, además el proyecto de ley ya tiene dictamen de comisión y es muy probable que lo votemos antes de fin de año", se defendió el legislador ante una consulta de La Nación .

Pero Aráoz, por menos de sus voceros, aclaró que no estaba hablando de un lobby de los diputados, sino de "una operación de financistas, hombres de negocios e inversores locales que no quieren control sobre sus operaciones y tiene silenciada a la opinión pública". Sin embargo, el reclamo se produce en medio de un enfrentamiento entre el presidente Menem y los diputados del oficialismo.

LOS BANQUEROS CONTRAATACAN

Las explicaciones le granjearon un nuevo frente de tormenta, esta vez de los banqueros, quienes se oponen a la iniciativa porque argumentan que con el proyecto en discusión el control quedará en manos de políticos y no de técnicos y sostienen que abre paso a arbitrariedades a partir de su ambigua redacción.

Cuando se conoció la iniciativa Adeba y ABRA, dos entidades bancarias, se mostraron preocupadas porque sostienen que el organismo de control que prevé la ley se superpone en sus funciones con las que son ejecutadas por el Banco Central, la Superintendencia de Seguros o la Comisión de Valores, entre otros órganos de contralor.

Además, cuestionan el hecho de que para la ley sean considerados actividades sospechosas aquellas que "tengan una magnitud o velocidad inusual o condiciones de complejidad inusitadas o injustificadas, o se aparten significativamente de los usos y costumbres o que, por cualquier motivo, parezcan no tener justificación económica u objeto lícito".

DOS DICTÁMENES

El proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo ya fue aprobado con reformas por la Comisión de Legislación Penal, la de Justicia y la de Drogadicción. La iniciativa está acordada en un 80 por ciento entre el oficialismo y la oposición.

Existen dos dictámenes, uno de mayoría, impulsado por el oficialismo, que establece que el control dependerá de una Unidad de Información Financiera, integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, cuya opinión es previa a la intervención de un grupo de fiscales especiales.

La minoría, en cambio, auspicia poner esa unidad, bautizada por la oposición como "Comisión de Prevención de la Legitimación de Capitales Procedentes de Ilícitos", en manos de dos funcionarios del Consejo de la Magistratura, dos del Ministerio Público elegidos por el procurador general de la Nación, y dos miembros del directorio del Banco Central.

"No es conveniente ni razonable que sean funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo los integrantes de una unidad que tendrá como función detectar y prevenir la legitimación de activos y capitales provenientes de delitos contra la administración pública", argumentaron las diputadas Elisa Carrió y Nilda Garré en el informe que acompaña al dictamen de la minoría.

Agregaron que "ciertamente se crea la impresión de que se monta un mecanismo que permita al Gobierno manejar qué se investiga, qué no se investiga y cómo se investiga".

A pesar de estas diferencias y del duro trabajo parlamentario, Aráoz espera que la iniciativa sea aprobada antes de fin de año.

La intención inicial era que la iniciativa fuera convertida en ley antes de la llegada del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, pero el visitante partió sin que haya sido tratada en el recinto.

"SE LAVAN VUELTOS"

Aráoz justificó la necesidad de la ley en que la Argentina es un país "donde se lavan vueltos" de las sumas obtenidas por el narcotráfico, pero la norma es más amplia y apunta a castigar el blanqueo de divisas provenientes de cualquier actividad delictiva.

"Esta es la verdadera ley anticorrupción, porque no sólo habla de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, sino también de los dineros que provienen del terrorismo, del tráfico de armas, del tráfico ilegal de órganos humanos", indicó el funcionario.

Asimismo, reclamó que con urgencia se sancione la ley para evitar que en el futuro el país se convierta en "un paraíso de lavadores".

En ese sentido, diferenció a la Argentina de Brasil, que figura en un documento del Departamento de Estado norteamericano como un país con inconvenientes para afrontar este problema.

QUE DICE LA LEY

• Duros castigos: se prevén penas de 4 a 10 años de prisión y multas de dos a diez veces el monto de la operación para quien a sabiendas, o debiendo saber, administre dinero proveniente de ilícitos.

• Obligación de informar: quien no avise de actividades sospechosas se expone a ser castigado con penas de uno a cuatro años de cárcel.

• ¿Quiénes deben dar cuenta de las operaciones?: las casas de cambio, financieras, bancos, empresas, administradores de juegos de azar, agentes bursátiles, fondos de inversión, registros de propiedad y de comercio, inmobilirias, casas de antigüedades, de venta de estampillas o monedas, las aseguradoras, los transportadores de caudales y los correos .

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  Fuente: http://www.lanacion.com.ar/79834-araoz-quieren-frenar-la-ley-contra-el-lavado-de-dinero