Los ocho ex Secretarios de Energía de la Nación que desde hace tres años vienen alertando sobre los graves problemas que amenazaban al sector, difundieron una nueva declaración en la que señalan que “el reconocimiento por parte de la Presidenta de la Nación de la profundidad de la crisis energética y la necesidad de tomar acciones para su reversión (a las que definen como parciales) es un primer paso para el cambio de las políticas aplicadas durante estos años”. Y como aporte a la reflexión y al diálogo “en la búsqueda de consensos para una política de largo plazo”, proponen un conjunto de ideas para la definición de un plan sectorial.
El documento firmado por Emilio Apud; Julio César Aráoz; Enrique Devoto; Roberto Echarte; Alieto Guadagni; Jorge Lapeña; Daniel Montamat y Raúl Olocco destaca que “se han adoptado medidas significativas respecto de la empresa YPF acerca de las cuales, creemos que ya no tiene lugar discutir sobre la oportunidad, conveniencia y procedimiento utilizado, ya que el hecho consumado con la sanción de la ley 26741 obliga a concentrarse en el futuro de la nueva YPF y, con particular énfasis, en finalizar en forma eficaz, justa, transparente y rápida los trámites que permitan arribar al perfeccionamiento de la expropiación. Plantear e implementar una nueva estrategia energética para Argentina requiere de un horizonte despejado de litigios y –fundamentalmente – creíble y previsible”.
A continuación, y luego de enfatizar la necesidad de superar en forma definitiva y segura la crisis energética, los ocho ex Secretarios de Energía proponen la implementación de un plan sectorial con los siguientes lineamientos básicos:
- El diseño de una política energética de largo plazo, que abarque toda la actividad de los hidrocarburos y no sólo una parte de ella, con amplio espíritu federal. Deberá tener como uno de sus objetivos principales promover el cambio de la matriz energética, reduciendo la participación de los hidrocarburos en general y del gas en particular, con la mayor participación de energías provenientes de fuentes renovables y alternativas de manera también de sostener las recomendaciones en materia de cambio climático.
- Que el Congreso Nacional contemple en 2012 la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos, que dé el marco regulatorio a la actividad y que armonice los intereses de la Nación y las provincias consagrados en la Constitución Nacional.
- Crear una institución específica para cumplir en forma eficiente las funciones indelegables del Estado en la formulación de políticas y en la fiscalización de la actividad hidrocarburífera en todo el territorio nacional y que se normalicen los entes reguladores existentes.
- Reformular el esquema de precios, de manera que la producción local pueda ir sustituyendo las importaciones, con el consiguiente alivio para las cuentas externas.
- Generar las condiciones institucionales y económicas de manera que esos mayores ingresos para los productores locales se destinen a inversiones para aumentar las reservas de petróleo y gas y para ampliar la capacidad de refinación.
- Promover un ambicioso y factible desarrollo petrolero en nuestra plataforma continental en la zona económica exclusiva hasta el talud oceánico a través de acuerdos con las empresas petroleras con experiencia en el off shore y que dispongan de capitales de riesgo, priorizando la relación con Brasil, líder en este tipo de actividades por la exitosa experiencia de Petrobrás.
- En materia de shale oil y gas, convocar a inversores externos y a empresas con reconocida experiencia, bajo un marco regulatorio específico que debe ser previamente elaborado. Y estableciendo procedimientos que respeten normas ambientales estrictas.
- Realizar una revisión sistemática, mediante auditorías especiales e independientes, de los permisos de áreas para exploración otorgados en varias provincias desde 2006, revirtiendo derechos otorgados a aquellas empresas sin antecedentes técnicos y profesionales en la materia y que no hayan cumplido con los planes de inversión comprometidos.
Finalmente, y en referencia a las medidas parciales de corto plazo ya adoptadas, la declaración sostiene que “parece adecuada la designación de una conducción profesional en la medida que asegure a la nueva empresa la necesaria autonomía de gestión, teniendo en cuenta que la propia YPF cuenta con recursos humanos de excelente nivel”.