El grupo de los ex Secretarios de Energía de la Nación expresaron sus críticas sobre la entrada en servicio de la central Atucha II y recalcaron la necesidad de hacer un replanteo de la cuestión nucleoeléctrica en Argentina.
“Resulta cuanto menos llamativo que el ministro De Vido califique a la Central Nuclear Atucha II como uno “de los hitos más trascendentes en materia energética. Desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema energético, la experiencia de estar inaugurando en 2014 una central contratada en 1980 es una experiencia que no puede volver a repetirse”, señalaron.
Para los ex funcionarios, un sistema eléctrico bien planificado requiere la instalación de centrales eléctricas de diseños probados, ejecutados en tiempos de obra normales (7 años en una central nuclear), con una financiación asegurada, y con costos de construcción reales que no excedan de los proyectados. No alcanzar estos objetivos implica afrontar grandes inconvenientes futuros que recaerán en los usuarios del sistema energético, y en la economía toda.
“La experiencia de Atucha II, una central prototipo con un diseño que ningún país del mundo utiliza y cuyo diseñador, la empresa alemana Siemens, dejó de fabricar por no competitivo, fue contratada en 1980 sin contar con fuentes de financiamiento que aseguraran los fondos necesarios para terminar la obra en tiempo y en forma. Esta experiencia no se debe repetir, para lo cual -una vez terminados los festejos y discursos que seguramente tendrán lugar con motivo de la inauguración oficial- debe analizarse dicha experiencia con minuciosidad, transparencia con objetividad para no repetir errores”, advirtieron.
Montos y los plazos
Según el documento que lleva la firma de Emilio Apud , Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco, no puede pasarse por alto que el gobierno del presidente Néstor Kirchner decidió, en 2004, finalizar la obra. Para ello se tuvieron en cuenta dos datos relevantes que se destacaron al tomar esta decisión: el principal es que, según lo oficialmente informado, para completar Atucha II sería necesaria una inversión razonable del orden de los US$ 700 millones, que para una potencia bruta de 745 MW la tornaba muy atractiva. El otro dato muy importante, destacado por las autoridades, señalaba que el plazo de ejecución sería de apenas 52 meses, o sea que a fines de 2010 estaría en operación comercial.
“Esos 745 MW eran importantes, porque la capacidad excedente en generación que había recibido la administración Kirchner se iba agotando, y aunque lo negaran, ya resultaba insuficiente, dando origen en 2007 a una crisis de abastecimiento eléctrico.
La realidad resultó ser muy diferente a aquellas estimaciones iniciales realizadas por las autoridades ministeriales: los costos de construcción se multiplicaron más de cuatro veces: el último dato conocido es que ya se llevan gastados más de US$ 3.200 millones, y los plazos se han duplicado.
Pero no solo es grave esta falla en la gestión. También hay que señalar la absoluta falta de transparencia en los gastos y las contrataciones”, sostuvieron, al tiempo que insinuaron que podrían existir sobrecostos por gestión deficiente de las contrataciones.
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Para los ex funcionarios, la experiencia de Atucha II debe ser transparentada, entendida y aprovechada. Al respecto consideran prioritario llevar a cabo una auditoria sobre lo actuado entre 2004 y 2014 para conocer por qué y en qué se ha producido tan importante desvío respecto del presupuesto inicial, y analizar otras decisiones discrecionales de contrataciones y compras.
“Vemos con mucha preocupación que el gobierno, a un año de dejar su mandato de 12 años, y con un presupuesto nacional con un elevado déficit fiscal y fuertemente distorsionado por los subsidios energéticos, se embarque en proyectos nucleares que condicionen fuertemente el futuro y sin haber hecho los estudios necesarios ni promovido el debate más trasparente que esta importantísima cuestión requiere”, criticaron.
Como contrapartida proponen por ley especial del Congreso, determinar los objetivos del Plan de Construcción de Centrales Nucleares en base a las necesidades energéticas proyectadas y a criterios técnicos, económicos y ambientales.
Prensa Energética – Agosto 2014