Los ex secretarios del área anticipan una importación récord este año.
El grupo de ex secretarios de Energía compuesto por ocho funcionarios que pasaron en los últimos años por esa cartera lanzó ayer un documento con duras críticas a la política oficial en el área durante la última década. De acuerdo con sus cálculos, el fracaso en ese rubro derivará en que este año la Argentina realice una importación récord de más de 13.000 millones de dólares para pagar combustibles que, antes, eran abundantes en el país.
"Las importaciones energéticas no fueron anticipadas por la actual administración con la infraestructura apropiada para hacer las compras en forma eficiente y transparente. La Argentina paga importantes sobreprecios que deberán ser objeto de especiales auditorías técnicas", explica el documento, que lleva las firmas de Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco. Y agrega que "es también una señal de alerta que nuestros vecinos, Uruguay y Brasil, hagan uso intensivo de la energía eólica con precios de instalación inferiores a los vigentes en nuestro país. La utilización del viento es una forma de mejorar la calidad del medio ambiente y al mismo tiempo evitar la sangría importadora que nos agobia".
El documento sostiene que "el Gobierno debe cambiar el rumbo de la política energética y la oposición debe asumir en sus propuestas de campaña la prioridad de una política alternativa para superar la crisis energética. La oposición tiene que estar dispuesta a abrir el debate a fondo con el Gobierno".
Los ex secretarios, que suelen elaborar textos con críticas a la política energética que encabeza principalmente el ministro de Planificación, Julio De Vido, estructuraron sus críticas en seis puntos: la "falta de un plan estratégico para el sector", los "sobrecostos de obras públicas y de las importaciones energéticas", los "anuncios de compra de nuevas centrales", las "implicancias del acuerdo YPF-Chevron", la "inviabilidad económica y financiera generalizada de las empresas de servicios públicos del sector" y la "adjudicación no transparente de las obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz".
Con respecto al convenio entre YPF y Chevron, los ex funcionarios critican que se mantuvo "en secreto como si se tratara de un acuerdo entre dos empresas privadas". Pero sostienen que, como hoy la petrolera nacional es una empresa controlada por el Estado, "las reservas de una negociación entre partes deberían ceder por razones de interés público". Pese a sus críticas, consideran que es "procedente" llevar a cabo un convenio entre ambas empresas.
Con respecto a la situación de los servicios públicos, el documento sostiene que "ningún sistema puede funcionar eficientemente con empresas al borde de la quiebra. Este resultado generalizado es producto del incumplimiento de la legislación vigente por parte del Gobierno".
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/