Consciente a esta altura de que el conflicto tarifario tiene un flanco más político que técnico y acorralado por los frenos judiciales a los aumentos tanto de luz como de gas (que ahora está en manos de la Corte Suprema), el ministro de Energía, Juan José Aranguren, terminó aceptando convocar a sectores de ese ámbito para buscar consensos que respalden sus resoluciones.

Es por eso que el martes citó a una reunión al grupo de los ex secretarios de Energía, que se llevó a cabo ayer en su despacho y que se sumó al apoyo expresado por los gobernadores (ver pág. 2). Según pudo averiguar El Cronista de fuentes presentes en el encuentro, que se realizó "en buenos términos" y se extendió durante dos horas desde las 13, el ministro y los especialistas –varios hoy con cargos en la función pública– debatieron sobre la manera de darle un marco de acuerdo a las decisiones energéticas de cara al futuro en medio del entuerto social y legal que desataron los últimos incrementos.

Para reducir esos costos políticos en próximas medidas oficiales, pactaron reflotar la declaración de compromiso elaborada en 2014 por los ex funcionarios y firmada por todos los candidatos que en ese momento competían en la carrera presidencial para 2015 (el actual jefe de Estado, Mauricio Macri, Ernesto Sanz y los ahora opositores y devenidos en críticos de las subas tarifarias Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Hermes Binner y Julio Cobos) y varios partidos políticos a través de sus líderes parlamentarios. Hoy lo anunciarán juntos en una conferencia de prensa al mediodía en la sede energética.

En la reunión, Aranguren dijo estar de acuerdo "en un 90%" con lo expresado en el acta y se tocaron dos temas: uno de coyuntura (el de los precios y tarifas del gas y de electricidad) y otro más estructural de cara a necesidades que aún requiere el sector. El domingo, el grupo de los ex funcionarios (Emilio Apud; Julio César Araoz; Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat; Raúl Olocco) había emitido un documento en el que advertía que el ajuste tarifario requería de una salida política. "Estuvo siempre claro que la resolución del problema del crónico atraso de las tarifas energéticas era un tema político de primera magnitud para el nuevo Gobierno y que el marco del acuerdo reducía los costos políticos de las medidas a implementar", sostuvieron.

El acta compromiso, piensan, reflejará ese marco. Y es que allí, los aspirantes a la Rosada aceptaron encarar mecanismos consensuados para abordar desde una política de Estado las deficiencias del sector. Entre los catorce puntos de los que constaba aquella declaración, la política de precios y tarifas se contempló como una de las necesidades más urgentes. "Los precios y tarifas energéticas deberán retribuir los costos totales de los bienes y servicios que produce, asociados a estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos.

Se reducirán los subsidios presupuestarios a la energía no justificados socialmente, con la meta de tener precios mayoristas únicos en los mercados de gas y de electricidad y con el objetivo de finalizar el período definido con un set de precios y tarifas que reflejen costos económicos. Para los usuarios vulnerables según indicadores socioeconómicos se establecerá una política de subsidios focalizados (tarifa social) que incluirá a los consumidores de gas licuado de petróleo (gas en garrafas)", rezaba el acta de acuerdo.

"Es importante la distinción, que en el acta está reflejada, entre el precio de generación eléctrica o de producción de gas y el de tarifa de los servicios públicos de transporte y distribución porque requieren un tratamiento distinto y eso no se ha hecho", relató una de las fuentes a este diario. Por eso, la exigencia del grupo de una "normalización sin demora" de los entes reguladores que están intervenidos y que deberían fijar los precios que no requieren de audiencias públicas y que hoy establece el Ejecutivo y la necesidad de una revisión integral con audiencias para las tarifas de transporte y distribución.