Criticado por opositores políticos internos y por organizaciones no gubernamentales a raíz de los dramáticos casos de desnutrición infantil, el gobernador de Tucumán decidió reducir los haberes a funcionarios para un fondo de ayuda
Además, se nombró a sí mismo como presidente de un comité de emergencia social que conformó con sus ministros y secretarios de Estado, y decidió que todos los funcionarios políticos deberán destinar el 20% de sus sueldos a un fondo de ayuda para atender esta crisis.
Sin embargo, estos recursos serán administrados por los mismos dirigentes que están sospechados desde la Nación de desviar fondos. El gobernador intenta así mantenerse en el poder y enfrentar la crisis política derivada de los problemas alimentarios que agobian a la mitad de la población tucumana.
Según los cálculos oficiales difundidos por el secretario de Desarrollo Humano, Alberto Darnay, en la provincia hay 600.000 personas indigentes, que representan el 45% de la población total. Pero más del 60% de los habitantes están desocupados o subocupados, y no pueden alcanzar la canasta básica de alimentos.
Se espera que el próximo lunes, cuando desembarque el "Operativo Rescate", Hilda González le reclame a Miranda una descripción detallada del más de millón de pesos que envía por mes Nación.
En ese marco, según fuentes gubernamentales, Miranda exigirá que el Poder Ejecutivo Nacional se ponga al día con los fondos y demostrará atrasos superiores al 30% de los recursos prometidos.
El mandatario le recuerda al Presidente su reciente apoyo en el congreso del PJ para demostrar su alejamiento de las filas del menemismo.
Por otra parte, ayer, miembros de varias ONG se concentraron en cercanías del aeropuerto Benjamín Matienzo en un acto simbólico para "impedir que el gobernador se vaya de la provincia", según explicó Pablo Cerviño.
Mientras esperan una resolución de la Legislatura sobre el pedido de juicio político a Miranda, las entidades Foro Ciudadano, Grupo Alberdi, Centro de Estudios para un Tucumán Mejor, Cabildo Abierto y Comprometerse recordaron que el lunes entregarán en el Poder Judicial una denuncia penal por abandono de personas.
En tanto, el ex interventor federal de Tucumán, Julio César Aráoz, adelantó hoy que presentará una denuncia ante el Comité Internacional de los Derechos Humanos, acusando al gobierno provincial de violar los derechos básicos de los habitantes, lo que ya causó la muerte de 10 menores.
Fuente: http://www.infobae.com/notas/33555-Miranda-decidio-bajar-los-sueldos-publicos-un-20-por-ciento.html
Sin embargo, estos recursos serán administrados por los mismos dirigentes que están sospechados desde la Nación de desviar fondos. El gobernador intenta así mantenerse en el poder y enfrentar la crisis política derivada de los problemas alimentarios que agobian a la mitad de la población tucumana.
Según los cálculos oficiales difundidos por el secretario de Desarrollo Humano, Alberto Darnay, en la provincia hay 600.000 personas indigentes, que representan el 45% de la población total. Pero más del 60% de los habitantes están desocupados o subocupados, y no pueden alcanzar la canasta básica de alimentos.
Se espera que el próximo lunes, cuando desembarque el "Operativo Rescate", Hilda González le reclame a Miranda una descripción detallada del más de millón de pesos que envía por mes Nación.
En ese marco, según fuentes gubernamentales, Miranda exigirá que el Poder Ejecutivo Nacional se ponga al día con los fondos y demostrará atrasos superiores al 30% de los recursos prometidos.
El mandatario le recuerda al Presidente su reciente apoyo en el congreso del PJ para demostrar su alejamiento de las filas del menemismo.
Por otra parte, ayer, miembros de varias ONG se concentraron en cercanías del aeropuerto Benjamín Matienzo en un acto simbólico para "impedir que el gobernador se vaya de la provincia", según explicó Pablo Cerviño.
Mientras esperan una resolución de la Legislatura sobre el pedido de juicio político a Miranda, las entidades Foro Ciudadano, Grupo Alberdi, Centro de Estudios para un Tucumán Mejor, Cabildo Abierto y Comprometerse recordaron que el lunes entregarán en el Poder Judicial una denuncia penal por abandono de personas.
En tanto, el ex interventor federal de Tucumán, Julio César Aráoz, adelantó hoy que presentará una denuncia ante el Comité Internacional de los Derechos Humanos, acusando al gobierno provincial de violar los derechos básicos de los habitantes, lo que ya causó la muerte de 10 menores.
Fuente: http://www.infobae.com/notas/33555-Miranda-decidio-bajar-los-sueldos-publicos-un-20-por-ciento.html