A cargo casi por azar de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, este negociador menemista de primer nivel no teme en plantear la despenalización de las drogas ilegales y descree de la idea de instituir una DEA argentina.


Julio César Aráoz llegó casi por azar a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico. Sin embargo, en un año de gestión torció la dirección de las políticas llevadas adelante por sus predecesores y se animó a definiciones que desafían el lugar común de los funcionarios en la materia.

En febrero de 1996, Aráoz contaba los días para ser ministro de Trabajo, en reemplazo de Armando Caro Figueroa. Convocado por el presidente Carlos Menem, ya había apalabrado a gremios y empresarios para decretar la "emergencia laboral" en el país y avanzar con la flexibilización.

Pero descubrió pronto que el presidente Carlos Menem sólo quería un recambio de figuras y no una declaración que ponía en entredicho los efectos del plan económico oficial. Y se encontró negociando una embajada en España o Brasil.

Pero cuando su teléfono volvió a sonar en Córdoba, el Presidente en forma inesperada le ofreció otra opción: la Secretaría de Recursos Naturales o la del Narcotráfico, como le dicen todos para abreviar. Aráoz, presionado por su familia -que no veía con simpatía un traslado masivo a otro país-, se apresuró a aceptarcualquiera de las dos.

Fue recién al llegar en avión a Buenos Aires que supo, por los periodistas, que había sido designado en reemplazo del entonces secretario Gustavo Green y que debía ponerse a estudiar este nuevo asunto, las drogas ilegales.

Desde entonces, ha lanzado definiciones y proyectos que antes no había, con el sentido común de un ajeno al tema en cuestión. Desechó el rol de agencia de inteligencia que Alberto Lestelle (1989-1995) quiso dar a la Secretaría y también el aparato publicitario montado por Green. En su lugar, apostó a la prevención, incluso a contrapelo de la política norteamericana en la materia, por la que se orientaba el gobierno argentino.

En ese aspecto, Aráoz no temió plantear la posibilidad de despenalizar el consumo de drogas ilegales si el Estado no alcanza a contener los problemas derivados de ello, ni en acusar al mundo financiero de resistirse al control del lavado de dinero de origen ilegal por proteger a sus negocios.

Y, por fin -en diálogo con Enfoques-, prometió presentar en poco más de un mes un estudio que radiografíe por primera vez cuál es el estado de la compra de drogas prohibidas en el país.

-Ud. no tenía una relación previa con el tema de las drogas. Después de un año en la Secretaría, ¿cambió su visión del problema? ¿Cuál es su balance de esta experiencia?

-Indudablemente que tengo más elementos que antes, pero la visión con respecto a la droga en el mundo como política y a la droga en el ser humano como enfermedad es la misma. Para nosotros el drogadependiente es un enfermo y el narcotraficante es un delincuente. Es una enfermedad de fin de siglo, basada fundamentalmente en una sociedad de consumo donde al cambiar una serie de escalas de valores, de futuro, de posibilidades -como por ejemplo enseñar que es más importante tener que ser- se va a una sociedad no contenida donde se busca como escapismo la droga. Allí tiene por obligación el Estado, el gobierno y todos los sectores representativos de la sociedad una política no sólo de prevención, sino también de educación, porque es un fenómeno muy nuevo en el mundo.

-Bien, pero ¿hay una estructura adecuada en el país para atender la demanda de prevención que existe actualmente?

-No. Debo decirle que es nuestra gran tarea. No existen organismos adecuados. Recordemos que este es un organismo nacional. Estamos intentando mediante un pacto federal y un programa federal, tratar de que se federalice esta necesidad de que se envíe información a la sociedad para que pueda prevenirse. Nuestra sociedad está desinformada; no está formada tampoco. No hay conciencia generacional sobre el tema de la droga. Al ser una situación muy nueva, no hay ni memoria genética ni memoria histórica de una generación a otra sobre cómo prevenir y cómo formar. Por eso, ésta es la gran tarea que debe llevar adelante la sociedad en su conjunto y también los comunicadores sociales, tratando de discernir y no de desinformar o deformar. Hay mala información dada por el narcotráfico: decir que la marihuana hace menos daño que el cigarrillo es buscar la opción de la marihuana en desmedro del cigarrillo, sin comprender que la marihuana también destruye células nerviosas. Otra es la "droga del amor", llamada "éxtasis", que se extendió en la costa atlántica y actualmente está en boga, y que es una vieja metanfetamina, es una droga antigua, pero con nombre y cachet muy moderno. Si no se dice la verdad, que es una droga antigua que no produce ninguna necesidad sexual ni produce amor, produce una superexcitación con destrucción de células nerviosas, si esto no se dice al lado, cada vez que se dice "éxtasis", es como si se estuviera haciendo una oferta indirecta de esta droga.

-Le preguntaba lo anterior porque Ud. dijo alguna vez que si el Estado no podía cumplir un rol docente y preventor en este tema, había que estudiar la posibilidad de una despenalización del consumo...

-Es una de las posiciones que he dicho en algunos debates: que si tomamos que el drogadependiente es un enfermo y la drogadependencia una enfermedad social, indudablemente nos toca a todos los sectores la atención y la contención de ella; que tendríamos que comenzar a ver que si el Estado no se hacía responsable del rol como Estado, no se podía condenar dos veces a un drogadependiente. En primer lugar, si reconocemos que es un enfermo, tiene la condena de pertenecer a una sociedad no contenida. En segundo lugar, si cuando se drogara lo condenamos penalmente, lo estamos condenando dos veces. En consecuencia, el Estado tiene que cumplir ese rol preventor, protector y de curación, porque si no lo hiciéramos seríamos solamente un Estado fascista, que solamente condena aquello que no puede contener.

-La otra tarea de la Secretaría es la represión. En este aspecto, ¿Ud. cree que hace falta un organismo centralizado, algo así como una DEA argentina?

-No. En primer lugar, yo considero que es suficiente con las fuerzas policiales y de seguridad para la contención del narcotráfico en esta etapa en nuestro país. Estaría de más decirle que le faltan elementos técnicos para hacer su mejor tarea. Pero tienen elementos humanos necesarios y suficientes como para llevarla adelante. Yo no creo en grupos especiales para la lucha contra el narcotráfico. No creo que esto sea la DEA argentina. La DEA tiene otras tareas que hacer, con otra visión. Nuestra visión es totalmente distinta. Y también creo que las Fuerzas Armadas pueden cumplir solamente el rol de apoyo logístico, pero también creo que no es el papel de las Fuerzas Armadas la lucha contra el narcotráfico. Y no solamente porque la ley de seguridad interior lo prohíbe, sino también porque la ley fue hecha conociendo lo que es la conciencia histórica y el papel de las Fuerzas Armadas argentinas, donde si se les permite, después de tantos años de golpe de Estado, empiezan haciendo seguridad interna, inteligencia interna, y terminan haciendo inteligencia política. Entonces, como hay que resguardar para no cometer los errores del futuro,yo estoy de acuerdo en que hagan apoyo logístico, pero que no puedan hacer tareas de inteligencia interna.

-El caso Cabezas dejó al descubierto, colateralmente, una suerte de relación entre policías de la costa y una forma de criminalidad organizada, se dice incluso que la venta de drogas. Este no ha sido el único caso, hubo otros en el pasado. ¿Hay alguna forma de controlar a los policías para que no participen en el comercio de drogas ilegales?

-Los hombres deben controlarse, las organizaciones deben controlarse y deben fundamentalmente poner personas idóneas en el control y la ejecución de las políticas. Digo esto porque una de las políticas fundamentales del narcotráfico es la compra de sectores de poder para poder comercializar mejor su mercancía. En todas partes del mundo, el sector al que primero trata de corromper el narcotráfico es al de la seguridad. E indudablemente trabajan buscando corromper a estos sectores. Tenemos casos de funcionarios policiales corrompidos en la provincia de Buenos Aires. Tenemos casos, que se están investigando, e indudablemente que es uno de los primeros objetivos del narcotráfico.

-Ha habido muchos casos en que la Policía mantuvo o mantiene informantes, a los que se les paga, incluso con droga. ¿Por qué no sale la ley del informante?.

-La ley del informante civil todavía no sale porque no hay garantías de la formación del informante civil y de que no se vaya a convertir en un especialista en información que en definitiva pueda deformar la verdadera actuación de la Justicia. Lo que sí existe es el, digamos, informante judicial, que forma parte de las fuerzas de seguridad (se refiere al agente encubierto). Este es un elemento nuevo e importante, si reúne las características de que el responsable que va a ponerse dentro del grupo de narcotraficantes sea lo suficientemente idóneo, formado y elegido por el juez para que esta figura no se desvirtúe. No es una figura nueva, se aplica en el mundo, hay que reconocer también que la alta tecnología que utiliza el narcotráfico requiere de nuevas figuras penales, de nuevos procedimientos para combatirlo, pero también que la idoneidad del informante tiene que estar relacionada con la alta capacidad del juez para seleccionar a las personas que lleven adelante esta tarea.

-Justamente el caso Cóppola puso en debate la figura del agente encubierto y, en particular, la efectividad del control judicial que debe existir sobre éste. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-Mi opinión es que la figura jurídica es buena y que lo que ha fracasado es la elección humana del juez sobre quiénes debían llevar adelante su cometido. Creo que poner a Gerace y a otros como agentes encubiertos fue una mala elección. Por eso digo que el juez debe ser muy responsable en la elección. Y en todo caso, estos eran más que agentes encubiertos, descubiertos, porque habían pasado por todos los tribunales, por distintos jueces y habían sido excluidos por mal comportamiento. Creo que se equivocó el juez. En ese caso, hubo una serie de informantes de los policías, como Samantha, Natalia, etc, que al manejarse en la clandestinidad permitieron toda clase de irregularidades.

-¿No habría que blanquear esa situación con la ley? ¿O, por el contrario, desterrarlas totalmente?

-Lo que pasa es que es muy difícil manejarse para poderse introducir en las células del narcotráfico. Alguien dijo una vez que no hay mafias en la Argentina, yo digo que el narcotráfico es una conexión mafiosa. Es imposible que un dealer, o un chico en la calle pueda encontrar un gramo de cocaína en la calle sin que exista una conexión mafiosa desde la producción hasta el momento de la venta. Y creo que también es difícil encontrar personas idóneas, porque cuando se trabaja dentro de la mierda, se debe contener algo de mierda. Es muy difícil juzgarlo desde afuera.

Es muy difícil blanquearlo cuando se trabaja en extremo peligro. Ahí se paga con la muerte. El narcotráfico no tiene otra forma de pagar: dinero o muerte. El que cumple tiene plata y droga, el que no cumple, muerte. No puede trabajar de otra forma, porque si se le rompe la cadena, se rompe toda la organización.

-¿Qué ha pasado en la clase política, después de 14 años de democracia, para que se asuma como una hipótesis posible un intercambio de operaciones que involucran crímenes como el de José Luis Cabezas?

-Bueno, lo dice bien: son hipótesis posibles. Recordemos en primer lugar que la droga no está en la clase política; la droga está en la sociedad. Está en el deporte, está en la gente común, está en distintos sectores.Si está definido como un delito, el delito de narcotráfico, indudablemente se va a involucrar a distintos sectores con fines políticos también.

-Los políticos asumen como posible que sus adversarios organicen operaciones en su contra que involucran estos crímenes.

-Bueno, pensar así indudablemente que es un estadio de degradación, ¿no?, de la política. Es degradante pensar esto.

-Bueno, pero Ud. no ignora que éstas han sido interpretaciones, en ambos casos, hechas por dirigentes políticos y reproducidas en los medios.

-No solamente hechas por algunos dirigentes políticos en off, sino hechas también por medios decomunicación. Se pone como novedad una herramienta que debería ser desechada por todos. Esto indudablemente es degradante para la política y para la sociedad.

-¿Pero Ud. cree que esto es un fenómeno de los últimos años, o ha acompañado siempre a la política?

-No. Yo creo que siempre ha habido elementos infamantes para acompañar la política. A medida que van cambiando los tiempos, hay distintas situaciones de infamia que se usan para degradar. Y en una de esas ha habido situaciones reales que permiten que se degrade a otros. Pero en la política siempre se han usado algunas herramientas, que forman parte de su degradación, que van cambiando. En definitiva, causa el mismo efecto. Yo recuerdo que, cuando era muy chico, unos políticos de mi pueblo querían degradar a otros diciendo que era homosexual. Eso ha ido cambiando, el concepto de homosexualidad ya no degrada -y menos mal que se fue cambiando-, y hoy se busca otras herramientas. Indudablemente que lo de narcotraficante, o ligado al narcotráfico, degrada, y realmente espero que sea así en este caso.

-¿Por qué no se hace un mapeo del consumo de drogas?

-Estamos haciendo. En 30 días, en 40 días, voy a presentar por primera vez un mapeo nacional del consumo de drogas: características, edad, cantidad, vocación y quizá también el porqué en la Argentina. La primera etapa va a ser científica, lugar por lugar. Para la segunda etapa, vamos a citar a los hombres más inteligentes de todos los sectores de la sociedad para darnos una explicación del por qué de la droga.

-¿Qué pasó con el proyecto de ley sobre lavado de dinero?

-Se encuentra en la Cámara de Diputados para su tratamiento, que ha comenzado, y esperamos tenerlo para dentro de los próximos sesenta días. Es un proyecto duro, muy duro. Cuando yo asumí esta función, le dije al presidente Menem que había dos elementos fundamentales que no se habían cumplido. El primero era el lavado de dinero, y tal como se habían globalizado todas las situaciones en el mundo, había que comprender que no tener una ley de lavado de dinero en la Argentina, una herramienta investigativa muy fuerte, iba a derivar en un aumento del consumo. No podía ser la Argentina paraíso de lavadores.

No era, porque hay otros paraísos, pero podía serlo en el futuro: tenemos que tener la legislación. Y el segundo, comprender que si bien la Argentina no es productor de drogas naturales, estábamos diciendo una verdad a medias. Y así como exigíamos que los productores no produzcan, la Argentina es un gran productor de los precursores o sustancias químicas que sirven para darle terminación a las drogas y que no tenían control. Porque un laboratorio clandestino necesita de las drogas naturales y de las sustancias químicas para sacarlas; si no, no hay droga.

La Argentina tenía que decirle al mundo y a los países latinoamericanos que nosotros íbamos a tratar de regular nuestra producción para que no haya desvíos de esas sustancias químicas. Entonces lo que hemos lanzado es un decreto que ya está vigente. Los productores de sustancias químicas están regulados y fiscalizados por esta Secretaría. Tenemos inspectores. Hay obligación de exportadores y vendedores de declarar sus ventas. En cuanto al proyecto sobre lavado, seguramente va a haber lobbies muy fuertes para que no se trate. Esta presión proviene de sectores económicos que se van a oponer muy fuerte, porque vamos a fiscalizar las entidades bancarias, vamos a levantar el secreto bancario en la Argentina para delitos y hay obligación para las casas de cambio, los corredores de bolsa, los escribanos, los bancos, de tomar medidas para que no se pueda blanquear dinero de delitos. Si el dinero fuera del narcotráfico, el consumo aumenta. Si el dinero es de corrupción, se corrompen los lugares.

Por Gabriel Pasquini


Perfil

  • Cordobés, de 46 años, Julio César Aráoz es el hombre de las misiones difíciles. Siempre estuvo en la brecha: desde los primeros años 70, cuando fue condenado a tres años y medio de prisión por "tenencia de armas de guerra", participó en la intervención federal a Córdoba y se alineó con el isabelismo.
  • Antes diputado nacional (1983-1985), fue elegido por Menem en 1989 como secretario de Energía para controlar al designado ministro de Obras Públicas, José Octavio Bordón, quien se negó a asumir con semejante cuña.
  • Dos años después, fue enviado a Tucumán a barrer con el viejo peronismo provincial y reemplazarlo por un gobierno liderado por el cantante Ramón "Palito" Ortega. En el camino, debía domar a una corporación policial simpatizante del general retirado Domingo Bussi. Apenas llegó, Aráoz obligó al famoso comisario "Malevo" Ferreyra a quitarse el sombrero de cowboy en su presencia. Cuando se fue, se llevó el sombrero de recuerdo.
  • Aráoz fue ministro de Salud y Acción Social de la Nación, cargo del que un brote de cólera lo alejó en abril de 1993, y luego forma parte del comité de campaña por la reelección de Menem en 1995.
  • Cuando llegó a la secretaría que había ocupado Gustavo Green, en febrero de 1996, su tarea fue barrer con la campaña publicitaria del Operativo Sol sin Droga, que tenía a Diego Maradona como protagonista y a Guillermo Cóppola como organizador.
  • Casado y con cinco hijos, Aráoz tiene una casa en Villa Carlos Paz, pero encuentra descanso en "La querencia", el campo que posee en las afueras de La Cumbre (Córdoba).
  • A sus asados no faltan políticos y jueces de la provincia, pero tampoco gente del lugar, que suele peregrinar a la gruta de la Virgen de Lourdes, escondida en algún lugar de la estancia.