La Constitución de 1990 demoró casi un año en publicarse en el Boletín Oficial. La promulgó el interventor federal Araóz

Tardó 349 días en llegar al Boletín Oficial (BO), medio a través del cual se comunican las decisiones atinentes a la marcha del Estado.

El derrotero que recorrió la Constitución de 1990 desde su publicación en LA GACETA del 21 de abril de ese año, coincidió con un ciclo de vertiginosos cambios en el país: desregulación de la economía, privatización de empresas públicas e indultos a las Juntas Militares.

Cuando el texto se transcribió en el Boletín Oficial del 5 de abril de 1991, terminó un período de controversias, que motorizó la intervención federal de enero de 1991.

Hacia fines de abril del 90, autoridades de la asamblea constituyente le entregaron a José Domato una copia de la Carta Magna. El gobernador, a su vez, se comprometió a mediar ante las divergencias existentes. Sin embargo, los convencionales del Frejupo acudieron con un amparo a la Corte Suprema de Justicia para frenar la aplicación de la reforma.

Miradas opuestas
La Corte, en tanto, le consultó al arzobispo Horacio Bozzoli, acerca del juramento confesional del gobernador y del vicegobernador. El prelado apeló al documento Dignitatis Humanae (DH) del Concilio Vaticano II, y opinó sin connotación política partidista. Según su interpretación del mensaje conciliar, se prohibe a los no católicos el acceso a la gobernación. Está de acuerdo con la doctrina católica. El documento alude a la libertad religiosa.

Apoyándose en la DH, el diputado Arturo Ponsati llegó a una conclusión opuesta. El artículo 80 de la Constitución de 1990 discrimina en razón de la pertenencia confesional de los ciudadanos y violenta su igualdad jurídica, argumentó. Pedro J. Frías, ex juez de la Corte Suprema de la Nación, se refirió tangencialmente al tema tucumano.

No silencié mi crítica, inspirada en la libertad religiosa. Reiteró, así, la posición que mantuvo respecto de la Constitución de Catamarca, precursora del juramento religioso de los mandatarios, en el artículo titulado 33 de mazo en Tucumán, que apareció en el diario La Nación.

La Corte, por mayoría, rechazó el planteo del Frejupo, pero este inició una batalla que concluiría en diciembre, al menos en la esfera tribunalicia.

El acortamiento de los mandatos de diputados y senadores en 1991, cuando las dos cámaras se fusionaran en la Legislatura, fue objetado por el Frejupo. Del mismo modo, atacaron el Tribunal Constitucional, entre otras cláusulas. La eliminación de la colegiación obligatoria irritaba a Feput.

Emplazamiento
Julio Alvarez Suriani, presidente de la convención, emplazó a Domato, para que insertara el texto reformado en el BO. El gobernador rechazó esa demanda y le dio vía libre al Frejupo, al no trabar su acción en la Justicia.

El 19 de mayo, la convención rechazó propuestas de modificación ideadas por el radical Carlos Muiño. Finalmente, con su voto, y el de los bloques de FR y de la Ucede, se dio por definitiva a la versión aprobada el 18 de abril. Alvarez Suriani denunció la clara intención maliciosa del gobernador, mientras dos juezas de rango inferior invocaban a la Constitución de 1990 en sus fallos. El PE se aferraba a la de 1907. Era una puja política. Se configuró, así, una situación atípica. Los ecos repercutían en la Casa Rosada. En octubre, Antonio Bussi habló con el ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, respecto del problema. En ese mes empezó a atrasarse el pago a los jubilados. Domato habló con Menem de las impugnaciones judiciales a la Carta del 90.

Diciembre precipitó los hechos. Una Corte de conjueces liquidó el pleito iniciado por el Frejupo.

La Constitución del 90 se encuentra en plena vigencia, escribieron los conjueces Jorge Luis Rougés, Walter Suárez, Raúl de Majo y José Ricardo Falú. En disidencia, votó Jorge Agustín Muñoz.

A partir de entonces, el fallo resistido por el PE, el agravamiento del clima social, el ahogo financiero impuesto por Menem y el desgaste político de Domato, determinaron la intervención federal. Al justificar la decisión, Mera Figueroa apuntó a la inestabilidad institucional existente. El interventor federal Julio César Aráoz, en Casa de Gobierno, apuntó el 18 de enero de 1991 que

una intolerable situación de vacío jurídico tenía Tucumán. La promulgación de la Constitución acabó con ello.

Datos de la Carta del 90
1- Elección directa del gobernador, del vice, de intendentes y de comisionados comunales.

2.-No reelección inmediata del gobernador y del vice.

3.- Legislatura unicameral.

4- Inamovilidad de los jueces, mientras dure su buena conducta.

5.- Institución del Tribunal Constitucional.

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/517434/politica/remedio-acabo-vacio-juridico.html